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Carazo asegura que hay “reuniones con el Ayuntamiento de Almensilla” para la problemática del Sector F

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, la popular Marifrán Carazo, ha defendido que su departamento está “manteniendo diversas reuniones con el Ayuntamiento de Almensilla (Sevilla) para abordar” la prolongada problemática del Sector F, una extensa zona de parcelas y chalés marcada por el malogrado proyecto destinado a urbanizar el entorno y dotarlo de equipamientos básicos y por el desfalco de varios millones de euros en las cuentas de su junta de compensación.

En concreto, el diputado autonómico no adscrito Nacho Molina, del antiguo grupo parlamentario de Adelante Andalucía, una marca refundada por Anticapitalistas, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Defender Andalucía tras el cisma vivido en dicho grupo; registró una iniciativa en la Cámara autonómica rememorando que en febrero de 2020, el Parlamento aprobó por unanimidad una proposición no de Ley (PNL) de su formación en demanda de “un convenio de colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento de Almensilla”, para asesorar al mismo sobre “la posible aplicación del Decreto Ley 3/2019 de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, en lo que se refiere a la situación de asimilado a fuera de ordenación”.

La citada PNL incluía además “estudiar la posibilidad de aportar financiación mediante la incorporación de la inversión al Plan Vive de viviendas” y la elaboración de “un informe detallado del reparto de cargas y deudas correspondientes a cada parcela del sector F”, entre otros aspectos.

“¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno tendentes a lograr los objetivos y las consideraciones que se recogen en la proposición no de ley que aprobamos todos los grupos hace ahora año y medio?”, preguntaba retóricamente el citado diputado, respondiendo por escrito Carazo que desde la aprobación de dicha iniciativa, la Consejería “viene manteniendo diversas reuniones con el Ayuntamiento para abordar los asuntos relativos a la situación del sector F”, según el escrito oficial recogido por Europa Press.

EL SECTOR F DE ALMENSILLA

Tras ser constituida la junta de compensación del Sector F para hacer frente a la necesaria urbanización de la zona y la instalación de dotaciones para suministros básicos de agua o electricidad, en 2004 fue concertado un préstamo con el banco Santander para sufragar tales obras, con cargo a las correspondientes aportaciones de los propietarios, pero allá por 2015 estallaba el caso del presunto desfalco mediante el cual habrían sido desviados unos 3,7 millones de euros del dinero aprovisionado por la junta de compensación.

El principal encausado por tal extremo es el extesorero de la junta de compensación, Julio Mateos, quien confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la entidad, huyendo después a la República Dominicana hasta ser finalmente detenido y encarcelado en agosto de 2016. Desde el pasado mes de mayo de 2019, Julio Mateos goza de libertad provisional al acceder a la misma el Juzgado número uno de Coria del Río, que en paralelo ordenaba continuar las actuaciones en su contra por el trámite del procedimiento abreviado.

Además, otro de los frentes del conflicto atañe a las obras de urbanización contratadas en 2011 a la constructora Istem S.L. y paralizadas en 2012 cuando aún estaban muy lejos de su conclusión.

Porque sobre la junta de compensación del Sector F de Almensilla pesa una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18 que le condena a abonar más de 1,75 millones de euros a Istem S.L., por las obras ejecutadas y no pagadas, los costes indirectos, los daños por gastos generales, el lucro cesante y las retenciones, si bien una sentencia posterior de la Audiencia restó 543.580 euros a la cuantía a satisfacer a la mencionada empresa constructora pero mantenía la condena a indemnizar a Istem S.L.

LAS DERRAMAS

En cualquier caso, mientras tiempo atrás la directiva de la junta de compensación anunciaba un acuerdo con el banco Santander para reestructurar el préstamo de 2004, con una quita de unos tres millones y “la retirada de las cláusulas hipotecarias y solidarias”, sobre los parcelistas seguirían pesando los pagos y derramas derivados de los costes del proyecto de urbanización de la zona y de instalación de dotaciones para los suministros básicos.

Esta situación, arrastrada durante años, ha coincidido además con el contexto de crisis económica, admitiendo en su momento el presidente de la junta de compensación, Francisco Carvajal, que la situación de este entorno de parcelas había derivado en todo un “conflicto económico y social”.


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