Política

Consumo inspecciona más de 400 webs de comercio electrónico para verificar el cumplimiento de la normativa

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Consumo, órgano dependiente de la Consejería de Salud y Familias, ejecuta actualmente una campaña dirigida al comercio electrónico, que arrancó en marzo y se emplazará hasta noviembre, con el objetivo de vigilar el cumplimiento normativo del sector del comercio ‘online’ y de garantizar los derechos de los consumidores andaluces.

Esta inspección se enmarca en la campaña de control de servicios, que prevé alrededor de 1.500 actuaciones a lo largo del año, de las que 410 son actuaciones inspectoras en páginas webs de comercio electrónico, según ha informado la Junta en una nota de prensa. La iniciativa se puede consultar en la web ‘www.consumoresponde.es’.

El proceso de “vertiginoso” de hipertecnologización y la “inmersión paulatina” de la ciudadanía en el ‘Internet of Things (IoT)’ ha traído consigo un “cambio radical en el comportamiento de los consumidores”, traduciéndose en un “aumento exponencial de las compras telemáticas u online”.

Para estos casos, los establecimientos o negocios que ofrecen sus productos o servicios en la red no están exentos de cumplir varios requisitos para operar conforme a la normativa vigente, tal como sucede con los establecimientos físicos.

La Junta ha asegurado que la compra ‘online’ de los usuarios se ha “multiplicado en los últimos años, creando nuevos hábitos de consumo, una tendencia más acusada si cabe con la llegada del Covid-19”. Por ello, desde la Dirección General de Consumo han recordado que el consumo, virtual o físico, debe ser responsable.

Esta campaña de inspección –cumplimiento normativo en la información de contratación a distancia vía web– es de ámbito autonómico y es llevada a cabo por los servicios provinciales de consumo. El ‘target’ de esta campaña comprende a las personas físicas y jurídicas que “oferten productos y servicios a través de páginas web, y la obtención de datos suficientes que permitan mejorar la información que recibe la persona consumidora a través de Internet”.

Los objetivos de la inspección autonómica se basan en el control legal del lugar de establecimiento, identificación de la empresa, oferta, condiciones generales de contratación, prácticas comerciales desleales, contratos y quejas y reclamaciones así como comprende aquellos establecimientos destinados a la venta de alimentos.

846 ACTUACIONES EN EL 2020

La Junta ha recordado que la anterior campaña de inspección de comercio electrónico, correspondiente al ejercicio 2020, comprendió a nivel autonómico un total de 846 actuaciones inspectoras en 685 páginas web comerciales visitadas, de las cuales 394 resultaron con actas positivas, lo que supone un 47% del total de las actuaciones realizadas.

Como principales incumplimientos ha destacado no facilitar la información alimentaria obligatoria conforme establece la normativa de aplicación; no incluir en el sitio web un enlace que permita un acceso identificable y fácil a la plataforma de resolución de litigios en línea de la UE a la que se refiere el Reglamento (UE) nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013; la inclusión cláusulas abusivas en las condiciones generales de la contratación; no facilitar el modelo de formulario de desistimiento establecido en el anexo A del R.D.L. 1/2007, de 16 de noviembre.

CONSUMO RESPONDE

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del teléfono 900 21 50 80, de la página web ‘www.consumoresponde.es’, del correo electrónico ‘consumoresponde@juntadeandalucia.es’; y de los perfiles en las redes sociales Twitter (‘@consumoresponde’) y Facebook.

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de consumidores y usuarios.