Política

Cabrera ve “injustificada” la huelga de Tussam y señala a ASC y CSIF el alza salarial aplicada y otras medidas

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha considerado “injustificada y desproporcionada” la convocatoria de huelga promovida para este viernes por la Agrupación Sindical de Conductores (ASC) y CSIF en la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), alegando que esta empresa municipal “mantiene los servicios, las retribuciones, los protocolos sanitarios y un buen convenio laboral” pese su drástica caída de ingresos fruto de la pandemia.

“Esta es una huelga que la ciudadanía no puede entender, que no responde a cuestiones laborales y que es completamente desproporcionada como mantienen la mayoría de los sindicatos con representación en el comité de empresa de Tussam”, ha señalado, pues las secciones de CGT, CCOO y SITT no respaldan esta convocatoria de huelga.

“Los dos sindicatos convocantes sólo han conseguido causar un nuevo daño a un transporte público gravemente afectado por la crisis sanitaria, con una posición que ningún trabajador, estudiante, profesor, sanitario o profesional autónomo puede entender en estas circunstancias económicas”, ha agregado el edil de Gobernación, lamentando la actitud “irresponsable” de ASC y CSIF.

Además, ha recordado que pese a perder en 2020 casi el 50 por ciento de sus ingresos por la venta de títulos, Tussam ha aplicado finalmente el alza salarial pactada con la plantilla antes de la pandemia y está negociando el nuevo convenio colectivo, para el cual los sindicatos solicitan un nuevo incremento retributivo.

“Con una pérdida de ingresos de casi el 50% por la pandemia, el Ayuntamiento ha retirado recursos de otros servicios para garantizar el transporte público y ha logrado además financiación que garantiza la cobertura del año 2021 en el que se siguen perdiendo viajeros”, subraya.

LAS MEDIDAS

Además, ha alegado que el protocolo preventivo de Tussam frente a la pandemia “incorpora todas las medidas necesarias para proteger la salud de trabajadores/as y clientes” y su protocolo “ha sido Certificado por AENOR”.

“Durante abril, la Empresa SCI, Control e Inspección, midió la concentración de CO2 en 210 autobuses, en todas las franjas horarias y distribuidos por toda la red de líneas. Todos los valores obtenidos en las mediciones interiores en autobuses en línea, y con niveles medios-altos de ocupación están muy por debajo de los umbrales que establecen el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo en sus respectivos documentos. Los valores obtenidos aseguran una óptima ventilación, así como la calidad del aire respirado en el interior de los autobuses”, ha agregado.

Tras la irrupción del Covid-19, la declaración del primer estado de alarma con las consecuentes limitaciones a la movilidad y el comienzo del segundo estado de alarma, Tussam cerró 2020 con una caída del 47 por ciento en su número de pasajeros, lo que se tradujo en un desplome del 48 por ciento en sus ingresos por la venta de títulos.

MÁS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Como consecuencia de ello, y según indicaban a Europa Press fuentes municipales respecto a las cuentas de Tussam correspondientes a 2020, la empresa ha necesitado transferencias adicionales por importe de 20,3 millones de euros por parte del Ayuntamiento como socio único de la entidad, comenzado a aplicar finalmente el pasado mes de diciembre de 2020 el alza salarial acordada con la plantilla en enero del año pasado, antes de la irrupción del virus.

Frente a ello, los sindicatos aseguran que la empresa “se ha ahorrado siete millones de euros” en 2020 “a costa de los trabajadores y de escatimar en medidas” de seguridad frente al Covid-19, avisando de “recortes” a la plantilla tras el mencionado alza salarial, especialmente en lo que ha contrataciones temporales de la bolsa de empleo se refiere.

Así, reclaman aspectos como nuevas contrataciones temporales en la bolsa de empleo para movilizar más autobuses y que los mismos cuenten con aforos más seguros, así como avances en la negociación del plan de jubilaciones parciales y del nuevo convenio colectivo, pues el actual aspiró en diciembre de 2019. De cara al nuevo texto, los sindicatos reclamarían aplicar un nuevo alza salarial del 0,9 por ciento merced a lo permitido por la regulación estatal.

Además, la plantilla demanda otros aspectos como agotar las bolsas de conductores y mecánicos antes del fin de 2021, “frenar las sanciones” a los trabajadores y potenciar el servicio público frente a las externalizaciones.