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Gobierno central reparte 3,7 millones entre 7 ayuntamientos por la reducción de ingresos del transporte público

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MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España repartirá 3.696.218,41 millones de euros entre siete ayuntamientos de la Región de Murcia –Los Alcázares, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Murcia, Torre Pacheco y Yecla– para compensar la reducción de ingresos del transporte público por la Covid-19, informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en esta comunidad autónoma.

Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros a propuesta de los ministerios de Hacienda y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Estas siete localidades forman parte de las 273 entidades locales de toda España que, prestando servicios de transporte público de su titularidad por cualquier modalidad de gestión, han registrado una caída de ingresos por esta crisis y enviaron la información requerida el pasado 9 de marzo por el Ministerio de Hacienda.

Durante el pasado año se produjo una fuerte reducción de la demanda del servicio de transporte público. Pese a todo, las Entidades Locales debieron mantener la prestación de este servicio en los mismos términos en los que venían haciéndolo con anterioridad.

El Gobierno, en el Real Decreto-ley 27/2020 de 4 de agosto, con medidas en favor de los Ayuntamientos que no logró el aval del Congreso el ejercicio pasado, ya había planteado un fondo para compensar la merma de ingresos de los servicios de transporte público por un volumen inicial de 275 millones de euros.

A principios de este año, el Ejecutivo retomó este plan, con un trabajo conjunto entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Hacienda, revisando la dotación prevista y los criterios que la determinaban, de modo que se tuviera en cuenta la evolución de la pandemia y de la movilidad en la última fase del año 2020.

Así, la Secretaría de Estado de Hacienda, a través de una Resolución con fecha de 9 de marzo de 2021, dictó instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación con la prestación del servicio de transporte público, con el objetivo de que todos esos datos sirvieran de fundamento para determinar la concesión de una subvención compensatoria.

COMPENSACIÓN GENERAL DEL 40% DE LOS INGRESOS POR TARIFAS DE 2019

La información que pudieron suministrar las entidades locales sobre sus correspondientes servicios públicos de transporte se refería al año 2019, el ejercicio inmediatamente anterior a la pandemia y que se toma como año de referencia.

A partir de ahí, la subvención que corresponde a cada una de las Entidades Locales que prestan servicios de transporte público se establece en proporción a los ingresos obtenidos por la aplicación de las tarifas o precios públicos en 2019.

En concreto, se ha estimado que el impacto de la pandemia es equivalente al 40% de tales ingresos, por lo que ésa es la proporción que por regla general compensará la subvención.

REQUISITOS PARA LAS ENTIDADES LOCALES

Estas ayudas tienen carácter extraordinario y se conceden de forma directa a las Entidades Locales que presten habitualmente servicios de transporte público urbano e interurbano, con independencia de la modalidad de gestión.

De este modo, en el caso de Entidades que hayan prestado el servicio de transporte público mediante un sistema de gestión indirecta, las subvenciones estatales que reciban deberán dirigirlas a compensar al contratista o a la entidad concesionaria del servicio por la caída de los ingresos consecuencia de la reducción de la demanda por la Covid-19, a no ser que ya hubiese sido compensada con anterioridad.

Para ser beneficiarias de estas ayudas directas, las Entidades Locales, además de haber enviado la información correspondiente o de haber atendido los requerimientos que se les hayan remitido para subsanar la posible remisión incompleta de datos, tienen que cumplir varios requisitos.

Entre ellos se encuentran prestar servicios de transporte público de su titularidad por cualquier modalidad de gestión y que hayan registrado una caída de ingresos por la crisis provocada por la Covid-19 y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.

También no haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos competentes.

Esta medida se suma a otras adoptadas que han beneficiado a los ayuntamientos como la suspensión de las reglas fiscales, que les permite usar los remanentes de tesorería, o los recursos incluidos en los Presupuestos. Además, con la actualización de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, ingresarán un 3% más que en 2020.