Política

Organizaciones critican la “opacidad” del Gobierno en el proceso de transposición de la Directiva del Copyright

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Una coalición de organizaciones sin ánimo de lucro ha criticado este martes la “falta de información” y que “haya una cierta opacidad” con respecto al proceso transposición de la Directiva europea del Copyright a la legislación española.

La citada asociación está integrada por entidades que representan al sector de la docencia, la investigación, las bibliotecas, los archivos y los museos, la defensa de los derechos digitales y fundamentales y la sociedad civil en general. Denuncian que, a pesar de sus “reiteradas” peticiones de reunión, no han recibido respuesta del Ministerio de Cultura.

“En España, por ejemplo, no sabemos ni cuánta gente ha participado en esta primera ronda de consulta pública ni quiénes son las entidades que han participado, ni cuáles son las aportaciones que han hecho, ha manifestado Virginia Díez, responsable de comunicación y políticas públicas de Wikimedia en España.

En este sentido, Díez ha defendido la importancia de que los “intereses” de las entidades culturales, de la sociedad civil y de las comunidades a las que representan “se tengan en cuenta en la redacción del proyecto de ley que debe presentar el Ministerio de Cultura.

Por su parte, Ignasi Labastida, responsable del proyecto Creative Commons en España, se ha referido a los artículos 3 y 4 de la Directiva, que se centran en la minería de datos y de textos, y apuesta por que en la transposición “no se restrinjan” a lo aprobado en el texto europeo.

Labastida defiende que el derecho a realizar la minería de datos y de textos es “como el derecho a leer” y reclama que no se pongan límites a las obras a tratar, que se pueda realizar de forma remota, que los resultados de esta minería puedan ser difundidos y que no se restrinja el lugar donde puedan ser almacenados o guardados los datos.

En su intervención, la jurista Ariadna Matas, miembro de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID), ha pedido que se discutan todos los detalles de la norma “en la implementación práctica” con expertos del sector de bibliotecas, archivos y museos, así como con las otras partes interesadas. “Es muy importante que los expertos se sienten en la mesa a discutir esto con el Ministerio y el resto de partes”, ha subrayado.

Lorena Sánchez, desde la plataforma Interferencias, ha afirmado que “una de las buenas noticias” de la Directiva europea es la regulación de la protección del dominio público en el Artículo 14, pero ha añadido que hay que tomarla “con cautela porque en función de cómo se implemente puede ser un poco resbaladiza”.

Mientras, Virginia Díez ha centrado su intervención en el Artículo 15, que regula un nuevo derecho para los editores de prensa. En este caso, lo que piden es que en la redacción de este articulado se proteja “de manera explícita el acceso a la información, a la verificación de fuentes y a que se proteja la lucha contra la desinformación”.

Finalmente, la representante de Xnet, Simona Levi, ha calificado el Artículo 17 (anteriormente el 13) como “una de las grandes aberraciones legislativas de desde siglo” y lo ha comparado con “la lista de los libros prohibidos de la Inquisición” y ha pedido que “haga el menor daño posible”. La norma prevé la obligación para las grandes plataformas filtren los contenidos que los internautas compartan en sus espacios, para detectar si se están publicando obras protegidas por derechos de autor sin el permiso de sus creadores.